El Instituto de Previsión Social del Periodista, IPSP
Jesús Alvarado Mendizábal
¿Cómo surgió la idea del Instituto de Previsión Social del Periodista, IPSP? La respuesta está en las siguientes líneas en cuanto a la concepción y culminación de LA MEJOR HERENCIA QUE PARA LOS PERIODISTAS NOS DEJÓ EL SIGLO VEINTE.
En Montevideo, Uruguay, en una reunión de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Periodistas (FIAP) de la que fui vocal, conocí al delegado Adán Elvir Flores, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Me habló de las bondades del Instituto para periodistas colegiados que funcionaba en su país y cómo había sido creado. Esto despertó en mí la idea de lograr algo similar en Guatemala, para TODOS los periodistas, fueran o no miembros de una entidad de prensa. El colega Álvaro Enrique Palma Sandoval (qepd) proyectaba un “plan de prestaciones” solo para los asociados a la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG pero no cristalizó su idea.
Me interesó lo que me dijo el colega hondureño quien ofreció enviarme información detallada. Principié a leer lo que encontraba sobre previsión social. Diferíamos con Álvaro en cuanto al financiamiento: él quería que fuera con parte de los impuestos a cigarrillos y licores y yo que debía ser del medio en donde el periodista ejerce su actividad, aunque no encontraba cómo hacerlo para que las empresas periodísticas no lo adversaran pues constitucionalmente están obligadas al Régimen de Seguridad Social.
En 1985 con Carmen Escribano de De León fuimos miembros de la Junta Directiva de la APG y presenté mi propuesta. Carmencita sugirió que fuera mediante un timbre como varios colegios profesionales. La idea me pareció factible pero ¿cómo hacerlo y evitar la oposición de las empresas? Estaba próximo a concluir como jefe de Estado el general Oscar Humberto Mejía Víctores y pensé en la posibilidad de que mediante un Decreto-Ley aprobara la creación del Instituto. Entregamos el proyecto y su reglamento y el Jefe de Estado dijo que si su Secretario de Relaciones Públicas (miembro de la APG) apoyaba la propuesta, él la aprobaría. No logramos ese apoyo.
El problema se complicaba. Ese tiempo lo aproveché para idear cómo aplicar el Timbre al que ya le había completado el nombre: Timbre de Prensa. Por fin, decidí que lo pagara el anunciante; aunque el uno por ciento no era mucho pero era menos probable encontrar objeción. Finalmente quedó un cuarto por ciento y en el futuro, según el resultado podíamos gestionar su incremento.
En 1988, siendo presidente de la APG Héctor Cifuentes Aguirre me nombró jefe de la delegación que acudió a una reunión en Tegucigalpa y eso facilitaba obtener más información sobre el Instituto de Honduras. Conocí el éxito logrado y entonces, con la idea fija del Instituto y convencido que desde la presidencia de la APG se facilitaría la aprobación del Congreso de la República, participé para presidente de la APG. Ganamos la elección y de mi planilla sólo perdimos un cargo.
Al ganar, mi empeño, además de las propias de la APG, fue dar forma al proyecto de crear el Instituto de Previsión Social del Periodista, que estaba incluido como punto primario en mi plataforma de trabajo. La propuesta tenía dos objetivos concretos: 1) Auxiliar a venerables hombre de prensa que por edad ya no lograban trabajo. 2) Crear una institución que protegiera a los periodistas, fueran o no miembros de una entidad de prensa, e incluso de las generaciones que no habían nacido y a sus familias, de manera especial esposa (o) e hijos.
El 25 de septiembre de 1989 presenté a la Junta Directiva de la APG la exposición de motivos y el anteproyecto de Decreto de creación del Instituto. A excepción de uno de sus miembros, la Junta Directiva recibió con entusiasmo la propuesta y en menos de un mes, en sesiones extraordinarias fue aprobado en su totalidad. En la sesión del 26 de octubre de 1989 lo presentamos a la asamblea general que, incrédula, no lo recibió con mucho entusiasmo. En la Junta Directiva apoyaron el proyecto: Julio Edgar García, Eileen Rivera M., Joaquín Medina Bermejo, Francisco Villatoro y José Luis Villatoro. Los dos últimos ya fallecidos. Con los tres primeros, somos afiliados al IPSP.
El 29 de noviembre de 1989, en un desayuno que el entonces presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo ofreció a dirigentes de entidades de prensa por el Día del Periodista, le entregué un original del proyecto. Ese día, con Eileen Rivera, Julio Edgar García y Joaquín Medina Bermejo entregamos la propuesta al entonces presidente del Congreso de la República, diputado José Fernando Lobo Dubón y una copia al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Víctor Hugo Godoy.
El 30 de noviembre, Día del Periodista, los jefes de bancadas apoyaron la petición y ofrecieron convertirla en ley. Se abría la brecha del camino para crear el IPSP. En tanto, al siguiente año, en la APG, la junta directiva nos vedó participar en la comisión de seguimiento a quienes presentamos el proyecto. En audiencia con el nuevo presidente del Congreso, diputado Marco Antonio Dardón Castillo, aseguró que para el 30 de noviembre de ese año, 1990, estaría aprobada nuestra petición. Hubo largas jornadas de gestiones no oficiales hasta que el 2 de octubre de 1990 fue aprobado el Decreto 56-90, publicado en el Diario de Centro América el 22 de noviembre de aquel año y que entró en vigencia el 30 de noviembre, Día del Periodista. Se delegó a la Junta Directiva de la APG para que en un plazo de 15 días convocara para que delegados electos por las asambleas generales de entidades de prensa con personalidad jurídica constituyeran el Consejo Directivo.
El 13 de diciembre quedó creado el Instituto de Previsión Social del Periodista con los delegados titular y suplente de seis entidades de prensa: José Eduardo Zarco Bolaños (+) titular y Carlos Humberto Gándara Sánchez, Cámara Guatemalteca de Periodismo; Julio César Anzueto De León titular y Antonio Edelman Monzón (+) Asociación Guatemalteca de Corresponsales de Agencias Internacionales de Prensa; Donato Santiago Monzón Villatoro, titular y Benjamín Leonardo Leiva Casasola, Cronistas Deportivos Guatemaltecos; Hugo Rolando López, titular y Salvado Augusto Bonini, Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala; José Antonio García Urrea (+) titular y Ramiro Mac Donald López, Asociación de Redactores de Actividades Culturales y Jesús María Alvarado Mendizábal, titular y Francisco Villatoro Argueta (+) Asociación de Periodistas de Guatemala. Meses después se sumaron Víctor Manuel Molina Jaramillo (+) titular y Mario René Sánchez Barrios, Círculo Nacional de Prensa; y Juana Ibaraburú De León de Monterroso (+) titular y María Cristina de la Vega Ordóñez, Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala.
A propuesta del delegado José Eduardo Zarco Bolaños, fue electa una Junta Directiva Provisional del Consejo Directivo, la cual quedó integrada así: Julio César Anzueto de León, presidente; Hugo Rolando López, vocal tesorero, y Jesús María Alvarado Mendizábal, secretario.
Describir el desarrollo de los cuatro años que llevó el funcionamiento del IPSP requeriría mucho espacio; hubo ocasiones en que, después de cinco o seis horas de sesión, sólo lográbamos aprobar el acta de la sesión anterior. Sin embargo, hubo hechos muy importantes.
Antes de cumplir dos meses de trabajo, el 6 de febrero de 1991, el Consejo Nacional de la Publicidad, CONAP, por conducto de su representante legal, abogado Gabriel Orellana Rojas con el auxilio de los abogados Irvin Estuardo Aguilar Mendizábal y Carlos Rafael Rodríguez Cerna presentó una Acción de Inconstitucionalidad Parcial de los artículos 2, 3, 6, 8 y 9 del Decreto 56-90. La Corte de Constitucionalidad dio audiencia por quince días comunes a las entidades Instituto y cuatro de las entidades que tenían delegados en el IPSP, que contó con el valioso apoyo del abogado Rodolfo Vielman Castellanos(+) quien se hizo cargo de evacuar la audiencia con la firma de los delegados, abogados, Hugo Rolando López y Carlos Humberto Gándara Sánchez. Finalmente, el fallo de la Corte de Constitucionalidad falló a favor del Instituto y en contra del CONAP.
El Decreto 56-90 fija dos requisitos para ingresar: estar en ejercicio del periodismo y que sea su única fuente de ingreso y de trabajo. Una de mis propuestas fue iniciar el cobro del Timbre de Prensa con el respaldo del Decreto 56-90 pero no logré convencer al Consejo Directivo y fue necesario esperar hasta dos años después, con el Decreto 13-92. El Decreto 56-90 no cubría a muchos radioperiodistas que trabajosamente lograban subsistir con sus pequeñas empresas que por no llenar los requisitos requeridos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no tenían ninguna protección. Por eso, en una de las primeras sesiones de 1991 con el delegado suplente de APG, planteamos presentar una reforma al Decreto 56-90 que después de múltiples gestiones culminó con el Decreto 13-92. Este año también fue electa nueva Junta Directiva del Consejo tras un proceso eleccionario difícil, además de largas jornadas en sesiones. La nueva Junta Directiva la integramos Jesús Alvarado Mendizábal, presidente; Juana Ibarburú De León de Monterroso (+) vicepresidente; Víctor Manuel Molina Jaramillo (+) tesorero y Enrique Parrilla Barascut (+) secretario.
Los meses (y años) transcurrían y se despertó la inquietud del gremio que urgía que el IPSP principiara a dar frutos. Ser delegados de entidades de prensa se convirtió en un obstáculo para el funcionamiento. Eso trascendió al seno del Congreso de la República y los entonces diputados Alberto de Jesús Ayerdi Ochoa y Carlos Benjamín Escobedo Rodríguez impulsaron la aprobación de otra modificación solicitada por el Consejo Directivo (Decreto 7-94) que incluía incremento del porcentaje a cinco por millar; y por insistencia de presidentes de entidades de prensa, creaba la asamblea general, que al final, no le resultó como esperaban y hoy elige a sus dirigentes.
Esto dividió más al Consejo y con apoyo de presidentes de seis entidades de prensa (que pretendían crear la “instancia de presidentes superior al Consejo Directivo”), cinco de los aún delegados de entidades de prensa, promovieron una solicitud de veto del Decreto 7-94 ante el presidente De León Carpio. En sólo dos horas de sesión fue aprobada la solicitud de veto con los votos en contra de: presidente Jesús Alvarado Mendizábal, secretario Enrique Parrilla Barascut (+) y vicepresidente Juana Ibarburú De León de Monterroso (+). El licenciado Ramiro De León Carpio, que había asumido la presidencia de la República vetó el Decreto 7-94 y trabajando a los diputados con apoyo de varios colegas el Congreso rechazó el veto presidencial el 2 de marzo de 1994 y ratificó el Decreto 7-94 que abrió la puerta para el funcionamiento del IPSP. En el Palco de Prensa el entonces presidente del Congreso diputado Marco Vinicio Villar Anleu me entregó el original de la Resolución 04-94 que contiene el rechazo del veto presidencial y ratificación del Decreto 7-94.
El Consejo Directivo, decidió que a aquellos afiliados que se inscribieron antes del 26 de noviembre de 1994 se les asignara la calidad de fundadores. Ese día, en la entonces sede de Alianza Francesa, 4ª avenida y 12ª calle “A” zona 1, fue instalada la asamblea general y entregada la primera prestación: la Pensión de Reconocimiento por Ejercicio del Periodismo al periodista León Aguilera. El 10 de diciembre la asamblea general eligió el primer Consejo Directivo: presidente Jesús María Alvarado Mendizábal; vicepresidente Salvado Augusto Bonini; secretario Enrique Parrilla Barascut(+); tesorero Víctor Manuel Molina Jaramillo(+) tesorero y vocales del primero al tercero, Fernando Alberto Castro Molina, Carlos Ismael Pérez Crocker y Juana Ibarburú De León de Monterroso(+). Además del apoyo de los ex diputados Ayerdi y Escobedo, se reconoce el aporte de los ex diputados Víctor Hugo Godoy y Luis López Maldonado, así como de los diputados que rechazaron el veto presidencial y ratificaron en su totalidad el Decreto 7-94. El 7-94 tiene lagunas y está lejos de ser lo que deseábamos, pero quienes solicitaron el veto también reciben los beneficios del IPSP.
En seis meses de 1995, fueron aprobados los reglamentos: de la Ley del Instituto, de los Auxilios por Enfermedad Común, por Cesantía, Funerario, Fallecimiento, por Invalidez y por Accidente.
